SS ABOGADOS

Desde milenios atrás, siempre se ha reconocido ampliamente la labor de la enseñanza. Ya fuese con los grandes filósofos de la historia, con quienes transmitían el conocimiento de los distintos oficios o, con posterioridad, mediante los sistemas educativos que fueron surgiendo.

Siempre se ha pregonado la importancia del estudio, especialmente del escolarizado. Hace algunas décadas, hoy ya no tanto, la prioridad era culminar los estudios, cuando menos de nivel bachillerato. Hoy en día, incluso hay padres que celebran la graduación de sus hijos del preescolar, mientras que otros ni siquiera saben si asistieron a clases. Así de extremosas son las realidades que hoy conviven.

No obstante, la labor docente queda cada día más apartada del respeto y del reconocimiento social. Pareciera que se exige que esta loable dedicación deba ejercerse de manera pro bono, por razones humanitarias o, sencillamente, por el mero placer de enseñar. Porque cuando quienes ejercen la docencia comenzaron a exigir derechos laborales, inició un rechazo y un reclamo social casi inmediato hacia quienes educan en las escuelas a nuestras niñas, niños y adolescentes.

Ser docente conlleva una convicción que va mucho más allá de ejercer un trabajo por una remuneración. Se requiere una vocación absoluta y un compromiso social de alto grado. Es una profesión que, a mi juicio, junto con la medicina, la enfermería y la abogacía, exige mayores niveles de empatía, solidaridad, profesionalismo y paciencia que muchas otras, debido a que el trato es directo con las personas, y ello las convierte en profesiones particularmente complejas.

Ciertamente existen casos excepcionales de personas que han ejercido la docencia de manera inapropiada, abusando de sus atribuciones y del pequeño poder que otorgan un pizarrón y un aula; pero representan una mínima parte del gremio. Del mismo modo, también es mínima la proporción de quienes exigen sus derechos mediante formas que quizá no sean las más adecuadas para generar aceptación social. En su inmensa mayoría, la docencia está integrada por mujeres y hombres cuyas cualidades deberían valorarse mucho más: paciencia, resiliencia, dedicación, preparación, vocación de servicio, equidad y muchas otras que pocas veces son visibles en su trabajo cotidiano.

Leer sobre el fallecimiento por suicidio de un docente acusado de abuso sexual, sin que previamente hubiese sido procesado legalmente y sin haber recibido una adecuada asesoría jurídica, me confirma la urgente necesidad de legislar y de abogar por estas causas, tanto para proteger al alumnado como al personal docente.

Por supuesto, no voy a prejuzgar sobre si en ese sonado caso existía o no responsabilidad legal, ya fuera laboral, administrativa o penal. Simplemente, el solo hecho de la acusación, aun sin considerar el suicidio y las evidencias que hasta ahora se conocen, obliga a encender focos rojos respecto de la exposición tanto del alumnado como del personal docente de nuestras escuelas.

Los llamados «tendederos», en los que se han denunciado conductas de docentes, han generado afectaciones irreparables en algunos casos que he conocido. El derecho a la libertad de expresión tiene límites. Y no se entienda que no estoy a favor de la defensa de alumnas y alumnos que seguramente han sido afectados o vulnerados de uno u otro modo dentro de sus escuelas. El problema es que se ha venido trazando una línea muy delgada, peligrosa e injusta entre el derecho a manifestarse —que inevitablemente genera prejuicios— y el derecho a la verdad, a la investigación, a la defensa y a la justicia.

Hace poco más de un año, en Mexicali, ocurrió una situación igualmente grave en la que un profesor fue procesado penalmente por el fallecimiento de un alumno. Afortunadamente, quedó acreditado que no tuvo responsabilidad alguna y fue absuelto. Pero, ¿quién le devolverá la tranquilidad emocional que perdió? ¿Quién lo protegerá de futuras acciones legales o incluso ilegales en su contra?

Aquí, en Baja California Sur, han llegado a mi oficina casos en los que maestras y maestros han sido sancionados por denuncias de alumnado o de padres de familia que carecen de sustento. Lo más preocupante es que dichos padres y madres han sido aconsejados por personal de la propia Secretaría de Educación para acudir ante el Ministerio Público a presentar denuncias con el propósito de separar de sus funciones a las y los docentes señalados. Increíble, pero real.

El SNTE y otros gremios brillan por su ausencia en este tipo de casos. En la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, pareciera que primero se presume la veracidad de los señalamientos formulados por el alumnado y, sólo después, se analiza la versión del personal docente, bajo una interpretación equivocada del principio del interés superior de la niñez. Ello ocurre sin realizar una auténtica ponderación entre los derechos humanos involucrados ni valorar las consecuencias que puede generar la vulneración de cualquiera de ellos.

Los protocolos existen, pero están incompletos, como suele suceder. Son letra mal elaborada, letra muerta: poco práctica, poco útil y poco justa. Se elaboran, muchas veces, únicamente para cumplir con una obligación administrativa.

La legislación del país está quedando rezagada frente a la velocidad con la que avanza la tecnología y el entorno digital, y el ámbito educativo no es la excepción. Hoy se juzga con mayor rapidez en las redes sociales que en los tribunales, y poco o nada se hace para corregir esa realidad.

Si verdaderamente importa el interés superior de la niñez, deberíamos demostrarlo todos los días mediante mejores condiciones para el sistema educativo, una infraestructura digna y políticas preventivas eficaces, y no únicamente con acciones mediáticas, populares y ocasionales. El interés superior de niñas, niños y adolescentes implica brindar una educación de calidad, pero también supervisar y fortalecer los entornos familiares cuando existan situaciones que requieran la intervención del DIF u otras autoridades competentes. La mejor forma de proteger a la niñez siempre será la prevención, no únicamente la reacción.

Cada día resulta más necesario establecer procesos de defensa adecuados para el personal docente, que les permitan prevenir, actuar y reaccionar frente a situaciones complejas con alumnado o padres de familia cuando se encuentren exentos de culpa o responsabilidad.

Que no vuelva a ocurrir ningún caso de acoso o abuso, sexual o de cualquier otra naturaleza, dentro de una escuela, debe ser una tarea de toda la sociedad. Debemos dejar de depositar esa carga exclusivamente sobre el personal docente.

 Las secretarías de educación, las direcciones escolares, los departamentos jurídicos, las trabajadoras sociales, las psicólogas, los directores de plantel y todas las personas que tienen la responsabilidad de prevenir, atender, denunciar y proteger también deben responder, incluso por omisión cuando corresponda. Pero la responsabilidad comienza en casa, y esa sigue siendo la primera escuela.

Para muestra de lo que digo: hace muchos años, en mis inicios, siendo asesor jurídico junto a la disidencia magisterial en el Comité Democrático del SNTE de BCS, me tocó recibir para asesoría a un profe de secundaria que había abusado sexualmente de su hijastra (dicho por él) En ese caso, suspendí el asesoramiento, e hice lo que me correspondía. Después supe que con apoyo de SEP y SNTE, simplemente fue cambiado de adscripción, y él hizo un acuerdo con la madre de la niña, para que quitara la denuncia. De la niña, no supimos más.

El día en que se realice un verdadero censo escolar sobre las condiciones y vivencias de los hogares de cada estudiante, obtendremos un panorama que probablemente nos estremecerá.

Afortunadamente, aún hay quienes seguimos creyendo en lo señalado en las primeras líneas de este pequeño manifiesto. La solidaridad con la docencia y con quienes la ejercen con dignidad debe manifestarse siempre, en cualquier espacio y en todo momento, especialmente cuando son víctimas de la injusticia.

Por cada profesora y por cada profesor que marcó mi vida, empezando por mi padre, y que estuvo presente en cada aula que pisé: ¡mil gracias!

   Cuenten conmigo siempre.